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dc.contributor.authorSUÁREZ, Héctor Florencio
dc.date.accessioned2020-12-01T08:29:54Z
dc.date.available2020-12-01T08:29:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/625
dc.description.abstractComo en la mayoría de los países del mundo, el sector público en Argentina está organizado con varios niveles de gobierno y cada uno de ellos ejerce algunas funciones comunes a todos y otras exclusivamente de su órbita. Así, el nivel central se encarga de la provisión de bienes públicos con alcance nacional (defensa nacional, relaciones exteriores, etc.), mientras que los gobiernos estatales (provincias) y locales (municipios) proveen bienes públicos consumidos por subconjuntos de la población localizados territorialmente. Los bienes públicos y las externalidades constituyen dos casos típicos y frecuentes de las denominadas “fallas de mercado”, situaciones en las cuales, por razones específicas, se requiere de la intervención estatal porque los mercados no producen una asignación adecuada de los recursos. En el primer caso, el problema del consumo conjunto lleva a situaciones en las que existen incentivos para los agentes económicos a no revelar con claridad sus preferencias, en busca de aprovechar la imposibilidad (o la no deseabilidad) de su exclusión del grupo de consumidores. En el segundo, agentes económicos que con sus acciones (de producción o de consumo) generan efectos benéficos o perjudiciales a otros, no cobran ni pagan por esa circunstancia, produciéndose de esa forma una situación que deriva en la inadecuada asignación de los recursos y una distorsión en las decisiones, en tanto sean tomadas en mercados completamente desregulados. En ambas situaciones se hace necesaria la intervención del Estado a fin de resolver estos problemas. La teoría de las Finanzas Públicas señala que en el caso de los bienes públicos el Estado deberá utilizar su capacidad de obtener información (mayor que la de los privados, considerados individualmente) de manera de identificar las demandas individuales y grupales y luego utilizar su capacidad coercitiva para obtener los recursos necesarios para financiar la provisión del bien o prestación del servicio. Para el caso de las externalidades, en el caso de que estas no puedan ser resueltas a través del acuerdo voluntario, deberá utilizar nuevamente ambas capacidades para identificar la externalidad, cuantificarla y utilizar el instrumento adecuado para internalizarla a quien la produce (multas, subsidios, regulaciones u otros similares). Se destaca entonces, en ambos casos, la importancia de la capacidad del Estado para obtener información adecuada, oportuna y correcta y su posibilidad de imponer coercitivamente tributos o regulaciones cualitativas. En tal sentido es claro que cuando, por diversos motivos, tales facultades estén disminuidas o menoscabadas, las soluciones pueden ser inadecuadas. El enfoque de las “fallas gubernamentales” explora tales posibilidades, en las cuales un Estado con problemas de información, de identificación o de implementación puede llevar a la comunidad hacia situaciones menos deseadas, respecto de las originales (que incluyen la falla de mercado). Atendiendo a la organización jurisdiccional del Estado, las municipalidades son el nivel de gobierno que se encuentra “más cerca de la gente” y por lo tanto en mejores condiciones de identificar con claridad las situaciones en que el mercado “falla” y de esta forma definir de una forma más adecuada y precisa sus pautas y niveles de intervención. Esto significa que la proximidad del ámbito municipal respecto de los problemas y los individuos permite obtener información más clara y oportuna para dar solución, entre otros, a los casos mencionados de bienes públicos y externalidades. Por tal motivo, es importante resaltar la trascendencia del municipio en el esquema de las economías públicas y proponer sobre la base de la experiencia internacional, la incorporación de nuevas funciones, responsabilidades e instrumentos a este nivel de gobierno, a través de la descentralización. De esta forma se tendería a minimizar los desaciertos antes comentados y la posibilidad de incurrir en “fallas gubernamentales” que reduzcan el bienestar de la comunidad.es_ES
dc.description.sponsorshipC.P.N. GONZALEZ, José Antonioes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNTes_ES
dc.subjectADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD PUBLICAes_ES
dc.titleFinanzas Públicas: Ingresos y Gastos De La Provincia de Tucumánes_ES
dc.typeThesises_ES


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